Hacia la Seguridad Pública

Si pudiéramos identificar los primeros momentos de existencia del ser humano, veríamos que su vida era muy complicada, ya que, en el día a día, debía enfrentarse a una serie de contingencias que lo afectaban en muchos sentidos; tenía que obtener sus alimentos para su subsistencia y así también evitar ser el alimento de otras especies. Por otra parte, también pudo ver que otros de su misma especie no resultaban tan amigables, por lo cual debía precaverse o pelear para vivir.
La cueva fue un enorme hallazgo dado que advirtió que en su interior podía protegerse de las inclemencias climáticas, atesorar recursos y preocuparse solo por las amenazas que venían desde la entrada de la misma, cuando antes, en campo abierto debía estar pendiente en todas direcciones.
Su normalidad fue interrumpida cuando algún congénere decidió apropiarse de sus bienes; fue el momento en que este individuo estableció que esa conducta no era adecuada según algún tipo de criterio que definió (juicio). Lo anterior lo impulsó a atrapar al infractor (persecución del “delito») y, finalmente, estableció que debía aplicar un daño retributivo a ese infractor (pena). Así transcurrían los días del hombre en sus inicios cuando gozaba casi plenamente de su libertad individual y debía procurar su existencia.
Con el correr del tiempo, y con la finalidad obtener los beneficios que representaba vivir en comunidad, delegó ese conjunto de atribuciones primarias a una instancia superior. Primero fue la posibilidad de aplicar penas, luego la de juzgar y finalmente la de sancionar penalmente. Luego que le fueran retiradas esas atribuciones, lo único que le quedó (nos quedó) fue la posibilidad de prevenirse ante la posibilidad de ser dañado.
A las mencionadas atribuciones que fueron apropiadas por la la comunidad a través del tiempo hoy la denominamos «Seguridad Pública» y,  simplemente, diremos que la Seguridad Pública se trata del “umbral de protección que brinda el Estado a sus dependientes a través de sus agencias: la justicia, las fuerzas de seguridad y la penitenciaría”.

¿Quién podrá defendernos?

Con la palabra “umbral”, mencionada en el párrafo anterior, se quiere expresar que la Seguridad Pública no podrá jamás proteger a todos, ni tampoco de la misma forma. Son innumerables las situaciones intervinientes que no permiten establecer objetivamente el alcance del “umbral de protección”.
A los efectos de ilustrar esto último se podría traer a mención la tasa anual de homicidios dolosos. Este indicador da cuenta de la cantidad de personas que mueren al año como consecuencia de homicidios realizados con intención de provocar muerte. La tasa de homicidios dolosos en Argentina indica que en los últimos 20 años, en promedio, mueren 6 personas cada 100.000 lo que se traduce en aproximadamente 2400 personas al año; es así como podríamos sospechar que el “umbral de protección” que brinda la Seguridad Pública dejaría por fuera de su protección a 6 cada 100.000.
El ejemplo citado se encuentra lejos de expresar la realidad completa, dado que se refirió a un solo tipo de delito -homicidio doloso- y no tiene cuenta otras particularidades, solo se pretende ilustrar que la acción, o los efectos de la aplicación de políticas de Seguridad Pública no alcanzan a todos: 6 dan cuenta de esto.
Lo cierto que cada integrante de la sociedad se forma una expectativa particular sobre el alcance de los beneficios de la Seguridad Pública y, según su percepción, su historia de vida, la información disponible y los recursos con los que cuenta entre otras circunstancias, intentará incrementar ese umbral de protección hasta donde le resulte posible.
Para incrementar la protección brindada por el Estado, los individuos u organizaciones emplearán distintos modos de prevención en orden privado qué, como primer requisito, no pueden ni deben integrar aquellos métodos que el Estado ostenta con exclusividad. Por ejemplo: ningún particular (persona u colectivo) puede detener personas, salvo que sea en presencia de circunstancias que el Estado establece y autoriza explícitamente; también, en el caso de la utilización de armas se puede dar en circunstancias establecidas en las normas jurídicas que autorizan a su empleo, por ejemplo, si se cumplen los requisitos establecidos para la legítima defensa. Por otra parte, las investigaciones relacionadas con hechos delictivos son de exclusividad de la Seguridad Pública y, con expresa autorización se podrán realizar investigaciones de orden privado sin utilizar métodos que emplea la Justicia, las fuerzas policiales o de seguridad.
Por lo expresado se pueden identificar tres formas básicas de prevención de orden privado:
  • La Prevención Personal
  • La Prevención comunitaria y
  • La seguridad Privada
La diferencia entre estos tres formatos está dada por su vínculo con el ordenamiento jurídico.
Se llamará Prevención Personal también llamada «prevención ercana» a aquella en la que el Estado no ve la necesidad de intervenir y por lo cual no regula. Por ejemplo si alguien decide iluminar el frente de su casa, poner rejas, guardar su vehículo en cochera o colocarle tuercas de seguridad a las ruedas, lo podrá realizar sin reparos de algún tipo por parte del Estado.
La Prevención Comunitaria prevé la participación de la comunidad en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de seguridad, en general se trata de experiencias a nivel local motorizadas por agrupaciones de carácter social y vecinos en general. Podrán realizar propuestas y reclamos para poner en valor el espacio público o requerirán intervenciones policiales en algunos sectores desprotegidos del territorio donde actúan y también, medir la calidad del servicio policial.  
El Estado, a través de instrumentos jurídicos, pretende regular el funcionamiento de estas entidades. Se puede destacar que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley 5688 de Seguridad Pública establece el funcionamiento de los Foros de Seguridad Pública y la ley 12.154 de la Provincia de Buenos Aires establece el formato de funcionamiento de los foros vecinales y municipales de seguridad.
La experiencia indica que, al tratarse de intervenciones condicionadas por voluntad o «falta de voluntad política» para desarrollar iniciativas propuestas por la comunidad, estas entidades se reconvierten en asociaciones legales -y legítimas- por fuera de la regulación estatal en tanto no avancen sobre atribuciones exclusivas del Estado en materia de Seguridad Pública.
La tercera forma de prevención de orden privado se trata de la «Seguridad Privada». Esta forma de prevención da cuenta la prestación de distintos tipos de servicios que el Estado autoriza en explícitamente. En Seguridad Privada todo es ley y se podría definir a la misma como «todas aquellas medidas de prevención, desarrolladas por particulares (organizaciones o personas) en capacidad de provocar daños a las personas o de restringir sus derechos y por tal motivo están intervenidas por el Estado.
La definición anterior indica que, cuando el Estado detecta algún tipo de intervención preventiva que avance sobre derechos individuales, obliga jurídicamente a estas entidades a ajustarse a ciertos límites e incluso llega a prohibir ciertas intervenciones. También resulta necesario destacar que la actividad de Seguridad Privada es subsidiara y dependiente de la Seguridad Pública y su funcionamiento y aplicaciones se pueden desarrollar cuando la ley lo autoriza.
Han surgido acalorados debates entre quienes sostienen que el Estado debe limitarse a defender la propiedad y a ejecutar los contratos, dado el Estado distorsiona todas aquellas actividades que regula y cuanto más abarque peor serán los resultados obtenidos y, en oposición a lo anterior se argumenta que cuando hay un conflicto en la sociedad, el Estado tiene que intervenir y es infalible, por lo que sus errores sólo pueden deberse a una insuficiencia de medios.
Otro cuestionamiento establece que la Seguridad Privada favorece de algún la exclusión social ya que el derecho a la protección frente a la delincuencia queda reservado a la disponibilidad de recursos económicos de quien puede pagar el servicio y esta actividad protege a aquella población con alto poder adquisitivo y que no registran los mayores índices de criminalidad (léase Countries).
Lo cierto es que más allá de las posturas sostenidas, la Seguridad Privada es una actividad comercial que debe regularse convenientemente mediante diversas manifestaciones, tales como la inscripción registral de la empresa, la autorización de servicios concretos, las inspecciones y estableciendo obligaciones y prohibiciones sobre la base que indica que quienes se desempeñan en Seguridad Privada no disponen de ningún tipo de permiso o autorización especial. Resulta cierto que se utilizan técnicas, equipos y saberes específicos para esta actividad, pero las atribuciones que se tienen quienes la desarrollan específicamente son las mismas que la de cualquier persona de a pie.

Conclusión

Según lo expresado en el desarrollo anterior que, de acuerdo a las expectativas que se tiene respecto la posibilidad de sufrir algún tipo de contingencia, en forma complementaria se empleará la prevención de orden privado para disminuir la posibilidad de sufrir la afectación de la integridad física y de los derechos de cada uno y es el Estado el que debe marcar los límites de cada intervención.
Una afirmación que suman ciertos sectores es que la Seguridad debe ser ejercida en forma monopólica por el Estado y que no se deben permitir intervenciones de carácter privado. Lo concreto y real es que resulta imposible que el Estado pueda atender todas las posibilidades de transgresión que afecte a los individuos tanto en su integridad física como en sus derechos, por lo cual los modos de prevención de orden privado establecen la legitimidad de su aplicación, incluyendo a la Seguridad Privada.

En estas pocas líneas y sin acceder a entramados de carácter social o filosóficos, se buscó establecer cuáles son las características fundamentales de los distintos actores que intervienen en el desarrollo de la seguridad y como se complementan.

 

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